Martes 24 de Octubre de 2017
Pese a incumplimiento de convenio por deudas, ISJ no tomó medidas con empresa vinculada al Diputado Bacigalupe
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Martes 03 de Octubre de 2017 09:57

 

Bruno Danzov 

Hace un tiempo atrás y por las casualidades de la profesión, al cierre de una sesión de la Junta Departamental, uno edil del Frente Amplio, concretamente el edil Pablo García (711) abandonaba el edificio Legislativo con una caja de importante tamaño, y ante las consultas señaló que se trataba de la respuesta que había obtenido a un pedido de informes realizado hacía algunos días. Prefirió en ese momento no adelantar detalles pero, dio a entender que no solamente el proceso de esa información sería engorroso e importante sino que seguramente pudiera despejar allí algunas dudas que le habían planteado en relación a una empresa y su vinculación con la Intendencia Josefina. Han pasado meses desde aquel anuncio, y si bien el edil y algunos asesores continúan trabajando en el tema, algunos comentarios nos permitieron inferir cual era el fondo del asunto. Al respecto del tema hemos realizado algunas consultas, siguiendo algunos datos que recibimos y entendemos que la información que hemos recabado y los documentos a los que hemos tenido acceso, nos permiten publicar lo que entendemos es al menos una situación irregular en la Intendencia de San José.
En la Intendencia existe un expediente fechado en octubre de 2016, vinculado a "La Situación de la Empresa Fúnebre San José". Como es de público conocimiento la Empresa Fúnebre San José, es entre otros, propiedad del Diputado y líder de la Lista 50 del Partido Nacional, Ruben Bacigalupe. Conforme ese expediente en el mes de mayo de 2016, la empresa firmó un convenio con la Intendencia josefina por una deuda generada en la "Tasa por servicios de Cementerios". En ese momento, es decir el 20 de mayo de 2016, la Empresa reconoció adeudos por concepto del tributo por Servicios de Cementerios que al 31 de marzo del año pasado superaban el millón y medio de pesos, concretamente ($ 1.597.856), Evidentemente el documento-convenio estipulaba una forma de pago, en el que además quedaba establecido que "el contribuyente deberá pagar puntualmente los servicios fúnebres generados a partir de la fecha de suscripción del presente convenio, siendo CONDICION NCESARIA para que el Gobierno Departamental autorice la continuidad en la prestación de los servicios mencionados". Además en su punto 3 dice: "el atraso en más de dos cuotas de este convenio, traerá aparejado la caducidad automática del convenio, dando lugar a que el Gobierno Departamental de San José, reclame la totalidad de lo adeudado con las sanciones por mora y recargos actualizados, y a que se promuevan las acciones judiciales que correspondan. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en caso de producirse la caducidad, el Gobierno Departamental no autorizará bajo ningún concepto la continuidad en la prestación del servicio fúnebre, por parte de la empresa contribuyente (…) hasta tanto se regularice la situación de las cuotas o servicios adeudados".
Ahora bien, todos los contribuyentes, tienen derecho a generar un convenio con los Gobiernos Departamentales, y es cuestión de cada persona o empresa las condiciones económicas, esas son personales, no es nuestra intención profundizar en esa cuestión. Pero, conforme información y documentos que obran en nuestro poder, el expediente al que hacemos mención surge para conocer "la situación", cinco meses después de la firma del convenio. Según se desprende de ese expediente, al empresa realizó una entrega inicial para la firma del convenio de $ 50.000 pesos uruguayos y luego en el mes de agosto realizó el pago de uno cuota por un monto algo superior a los $23.000. A menos que la información que analizamos esté fragmentada o parcializada, es inferible que entre mayo de 2016 y agosto de 2016, no se cumplió con el pago de las cuotas conforme lo establecido en el convenio. Ergo la Intendencia debió intimar al pago por la evidente caducidad del convenio, generando entre otras medidas la "no autorización bajo ningún concepto la continuidad de la prestación del servicio fúnebre", establecido en el inciso tres del referido convenio. Hecho que en primera instancia no parece haber ocurrido.
De hecho algunas instancias posteriores, que surgen de los documentos a los que hemos accedido, demuestran que las medidas previstas no se adoptaron, ya que a principios del mes de diciembre la Asesoría jurídica de la Intendencia solicita una "actualización de la deuda" para "proceder a la intimación de pago". La deuda ascendía por entonces a una cifra mayor a 1.700.000 pesos uruguayos.
Hasta allí es la información que hemos podido obtener, en cualquier caso, entendemos que si la situación ha sido regularizada, de todas maneras hay una omisión del Ejecutivo en no dar cumplimiento a las medidas previstas en el convenio por la cual la empresa debió haber dejado de brindar el servicio hasta tanto regularizara la situación. El principio de igualdad en este caso prima, ya que está claro que ante el incumplimiento de los convenios entre cualquiera de los contribuyentes y la Intendencia, la caducidad del mismo es inminente.
En este caso, no hay dos lados del mostrador. No se trata de un servicio que la intendencia reciba de la empresa, sino una tasa que deben pagar las empresas fúnebres. Realizadas algunas consultas a profesionales del derecho, nos encontramos que hay dos posiciones antagónicas, por un lado hay quienes señalan que las empresas son "agentes de retención" de esa tasa, y quienes dicen que no, que la tasa es cobrada a las empresas, aunque claramente esta definición es central para poder calibrar fehacientemente el grado de afectación. Esto seguramente puede ser aclarado por las áreas competentes de la Intendencia. Lo que sí genera es la suspicacia de los motivos por los cuales no se hizo cumplir lo estipulado en el documento firmado en mayo de 2016.

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