A la Justicia Penal y Jutep: Denuncian “abuso de funciones”, “concusión” y diversas irregularidades en manejo de la Intendencia con fúnebre de diputado Bacigalupe

Por Pablo Fernández Acheriteguy

La Comisión Investigadora que trabaja sobre el comportamiento que la Intendencia tuvo con la millonaria deuda que arrastra la empresa del diputado Ruben Bacigalupe, está llegando al final de su trabajo. En estas últimas jornadas los medios han dado cuenta que posiblemente se presenten tres informes al plenario. Alianza Nacional ya entregó en el seno de la Comisión , el borrador de su informe final. Los medios han accedido a versiones sobre el contenido de este informe que según se ha publicado, indica que hubo una trato preferencial hacia la empresa de Bacigalupe. Visión Ciudadana accedió al informe y en realidad es mucho más grave. Se propone que las situación se derivada a la Justicia Penal y además se pida la opinión de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep). En informe no solo se limita a marcar irregularidades, sino que maneja figuras de delitos como “abuso de funciones” y” concusión de interés público y privado”.  También hace referencia a “incompatibilidades”, desprolijidades, fallas de controles, caos administrativo, etc.

La comisión Investigadora se formó en noviembre del 2017, hace ya 17 meses. Desde un principio fue notoria la mala voluntad de la Intendencia en que el caso avanzara. Aun antes que se conformara la Investigadora hubo chicanas, por ejemplo la de “investigar” el tratamiento de la Intendencia con las deudas de todas las empresas fúnebres. Lo que finalmente se cristalizó como cometido de la Comisión y complejizó la tarea de los cinco ediles que la integran. Desde la Junta se cursaron una docena de Pedidos de Informes hacia la Intendencia, que fueron respondidos, tarde y mal.

La Comisión Investigadora tiene como premisa de trabajo “Analizar si la Intendencia de San José actuó con desviación, omisión de control, abuso o exceso de poder en su relación con las empresas fúnebres que operan en el departamento de San José”. Al completar la lectura del Informe de Alianza, se entiende que todas estas irregularidades fueron constatadas, lo que muestra la gravedad de la situación.

Varios jerarcas de la Intendencia debieron comparecer ante la Comisión, así como representantes de las empresas, en un total de 25 sesiones. El informe divide sus conclusiones preeliminares en dos grandes campos de la investigación, aquellos aspectos que quedaron “aclarados” y aquellos quedaron “no aclarados”. Quedó claro que la empresa de Bacigalupe tuvo una trato preferencial desde la Intendencia. “Esto nos lleva a concluir primariamente, que la Empresa administrada por los hermanos Bacigalupe es una deudora contumaz de la Intendencia Departamental de San José”. Esta definición de “deudor contumaz” solo se aplica para la empresa de Baciglaupe. Cabe destacar que se analizó la situación de todas las empresas fúnebres, pero solo la de Bacigalupe fue encontrada en continuos incumplimientos.

“Existe por parte de la Intendencia de San José un retardo inexplicable en iniciar acciones legales contra los deudores de estos tributos, según se desprende de las declaraciones de los funcionarios involucrado”, señala el informe. Agrega que específicamente entre los años 2010 y 2014, cuando Ruben Bacigalupe se desempeñó como Director de Deportes se configuró la “incompatibilidad” ya que en su condición de jerarca, vendía servicios fúnebres a la Intendencia para atender a personas indigentes. Tampoco su empresa  podría haber firmado convenios por deudas, siendo Bacigalupe jerarca de la Intendencia.

Intendencia respondió tarde y mal

Entre las situaciones “no aclaradas”, se señala que los Pedidos de Informes cursados a la Intendencia “fueron respondidos de forma incompleta y tardía lo que quitó agilidad y posibilidad de mayor esclarecimiento”. La desprolijidad en el registro de empresas fúnebres es elocuente. La empresa de Bacigalupe figura al menos con cinco nombres diferentes. “Ni la Intendencia, ni los investigados quisieron, pudieron o lograron discernir si las Empresas que contratan con la Comuna bajo un determinado número de RUT, son sociedades comerciales del tipo anónimas, de responsabilidad limitada, accidentales o de hecho” reza el Informe. Vergonzoso. Más allá de este vacío, queda claro que mientras Bacigalupe fue Director de Deportes, hubo un claro “conflicto de intereses” y así se señala en el Informe de Alianza Nacional.

Es en este punto donde el Informe recomienda: “Al no contar con las herramientas necesarias para seguir investigando y un notable desinterés de las autoridades departamentales en aclarar estos extremos, creemos de recibo que las presentes actuaciones sean remitidas a la Junta de Transparencia y Ética Pública para que emita un dictamen sobre la conducta desplegada por el funcionario – Director de Deportes – Rúben Bacigalupe actuando como Jerarca y a la misma vez como beneficiario de convenios de pagos,  en una clara situación de concusión del Interés Público y el Privado”. Es de destacar: “Concusión de Interés Público y Privado”.

“Desorden” y “Caos”

En otro de los aspectos “no aclarados” se menciona la responsabilidad de la Intendencia en los controles administrativos en las diferentes áreas. Aquí aparece uno de los más claros privilegios, ya que se confirmó que la empresa Bacigalupe a pesar de no estar al día con BPS y DGI logró seguir funcionando y facturando a la Intendencia. Cualquier proveedor de la Intendencia sabe lo estricto que es la Intendencia con respecto al Registro de Único de Proveedores del Estado (RUPE) que habilita a que la Intendencia pague solo cuando se está al día con BPS y DGI. Bacigalupe logró burlar ese férreo control  y ello solo se puede lograr si la Intendencia hace la vista gorda a este indispensable requisito.   

En el informe se señala que en el año 2017, por el incumplimiento de estos obligatorios aportes a BPS y DGI, la empresa de Bacigalupe dejó de operar formalmente, pero en la Intendencia se permitió que la facturación la realizaran otras empresas en beneficio de la empresa del diputado. Esto representa un seria y gruesa irregularidad, que solo pudo concretarse con la permisividad de la Intendencia. Es aquí donde el Informe señala que se constató un “claro Abuso de Funciones”. Otro delito. Es aquí donde se plantea la necesidad de radicar denuncia en la Fiscalía , para que la Justicia investigue.

Entre las irregularidades constatadas, se menciona la “omisión de controles” por parte de la Intendencia, también el “desorden” y “caos” en Hacienda en lo que respecta a la refinanciación de deudas. “Es inaceptable, carente de fundamento y un insulto a los ciudadanos de San José que se permita la refinanciación de adeudos con nombres de Fantasía, para que podamos contrastarlo con un ejemplo de la realidad, es como si la gente firmara con su apodo un documento en la Intendencia”, indica el Informe.

En este océano de desprolijidades y llamativas omisiones que beneficiaban a la empresa de Bacigalupe, también se detectó que además de los cinco nombres que figura esa empresa, se encontraron dos formas de “facturación oblicua”. En uno de los casos se facturó a nombre de un empleado de la empresa y en otro, la facturación fue a nombre de un sobrino del diputado. Estas situaciones permiten detectar un claro ejemplo de “abuso de funciones” por parte de la Intendencia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *