Aunque no se resolvió posición del Plenario, Presidente de la Junta desvinculó al asesor Legal en el caso de empresa Bacigalupe

Por Bruno Danzov

Como se recordará, una vez que el Plenario de la Junta Departamental de San José, resolvió conforme lo estudiado por la Comisión investigadora, en relación a la vinculación de la Intendencia de San José, con la empresa fúnebre del Diputado (hoy reelecto) Ruben Bacigalupe, remitir los antecedentes de lo actuado a la Fiscalía para que esta determinara la ocurrencia o no de delito, el Dr. Germán Sfeir estuvo a cargo de representar a la corporación en este caso. Ciertamente también, luego de conocerse, que el fiscal actuante, determinó el archivo del caso, por entender que no se había comprobado delito alguno, fueron varias las repercusiones generadas. Una de ellas, y podría asegurar que “en buena parte de la mayoría de los propios ediles”, sin dudas ha sido la sorpresa con la velocidad con la que Fiscalía, archivó el caso. Bien podría argumentarse que una investigación realizada por de casi dos años por la propia Junta Departamental, cumpliendo su función de contralor, fue resuelta en pocos meses por parte del Fiscal. Podría obedecer esto, por ejemplo a que durante los dos años de investigación, fueron varias las denuncias de los miembros de la investigadora, que la Intendencia no remitía en tiempo y forma los elementos necesarios para poder investigar. De hecho, el propio Diputado Bacigalupe ha señalado públicamente que la comisión demoró por “intereses políticos”, cuando es un dato de la realidad que fue la propia Intendencia, la que enlenteció el trabajo. Agrego a esto, que me vi sorprendido, días atrás cuando los colegas de Primera Hora publicaron que: las declaraciones de los contadores de la Intendencia, (Gadea y Ocampo) habían sido “determinantes para el archivo de la denuncia, al haber asegurado que “nunca recibieron directivas” ni de Bacigalupe ni de jerarcas para “obviar requisitos”. Ante esta situación, solamente me pregunto: ¿Por qué no dieron cumplimiento a lo establecido en un documento, (para el caso como publicamos el 3 de octubre de 2017, que si no se cumplía en tiempo y forma con el convenio, la empresa no podía continuar trabajando hasta ponerse al día) si no recibieron una orden específica de no hacerlo?. Sigo sin entender esta situación, acaso los contadores de la Intendencia, no cumplen con lo que está establecido públicamente, por iniciativa propia y a nadie le interesa?. No hay allí una falta de responsabilidad y un descontrol administrativo evidente. No sé, en realidad que es peor, sí que recibieron las directivas específicas de “no controlar” o que “no lo hicieran por iniciativa propia”.

Ahora bien. El proceso claramente no ha finalizado, porque están previstas instancias judiciales (y de esto sabe mucho más que yo un Abogado y/o Escribano) posteriores al archivo. Eventualmente, podría la Junta Departamental solicitar que el caso se reabra, incluso con la mirada de otro fiscal. El Dr. Germán Sfier, ha señalado públicamente, que hay aspectos, como la celeridad del proceso, o el hecho que no se haya solicitado la declaración de las otras empresas fúnebres del departamento, eventualmente para conocer la operativa entre el Gobierno Departamental con las empresas que no se encuentran involucradas en este hecho. Sfeir ha señalado, y lo comparto, que su asesoramiento es a la institución Junta Departamental, y por tanto realizó un informe jurídico sobre lo ocurrido, para que la Junta Departamental resuelva, que pasos dará.

El archivo del caso, abre a la vez, la posibilidad que como se resolvió en el Plenario, se solicite a la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), realice un informe sobre lo oportunamente investigado por la investigadora. Ante un primer envío, la JUTEP respondió que el informe no podía ser realizado mientras se cursaba  una investigación judicial, a menos que fuera solicitada por la propia Justicia. Bien, ese informe la justicia no lo pidió, pero, el archivo abre la posibilidad a la Junta de elevar los antecedentes ante el organismo.

En la tarde de ayer, trascendió, y luego fue confirmado por Visión Ciudadana, que el Presidente de la Junta Departamental, comunicó al Dr Sfeir, que no continuará en el caso. Confieso que no me queda claro si es que el Presidente de la Junta Departamental, sin consultar aun al plenario, resolvió que el tema se cerró, o bien que ya no es importante. y  así como me sorprende personalmente la celeridad con la que el asunto se archivó (y también las propias declaraciones de los contadores), me sorprende aún más que el Presidente de la Junta Departamental, informara ayer a quien asesora a la Junta en el caso que la corporación recibió la copia de la solicitud de archivo, formulada por el Fiscal Dr. Alfredo Ruiz , y dice: “Si bien, como es sabido, existe la posibilidad de solicitar el reexamen del caso, siguiendo el procedimiento previsto por el Art. 98 del CPP, esa eventual decisión debe ser tomada por resolución del plenario del Cuerpo que presido, lo que será evaluado  los señores ediles oportunamente. Por tanto y habiendo culminado esta etapa, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer los servicios profesionales prestados. En cuanto al seguimiento del caso en la Junta de Transparencia y Ética Pública se realizará a partir de la fecha, por personal administrativo de la Corporación (…) Asimismo aprovecho, para solicitar, hagas llegar a la Junta Departamental, copia de la denuncia oportunamente presentada en este caso, así como otros eventuales escritos presentados, a los efectos de su archivo, en la forma de estilo”.

Al confirmar esta información (y la cita textual no es antojadiza), fortalezco mi posición en que: 1º) nadie quería que el 3 de octubre de 2017 publicáramos la inexplicable omisión de la Intendencia en relación a la empresa de Bacigalupe. 2º) Que la gran mayoría de los integrantes del Gobierno Departamental no entendió que el problema es el comportamiento de la Intendencia y no “la deuda de Ruben”. 3º) que la voluntad de investigar ha estado solamente en algunos actores. 4º) Que algunos actores, no han entendido aun cual es la responsabilidad institucional que ostentan.

Ahora sí, esperemos que es lo que resuelve el Plenario y el informe de la JUTEP, para saber, si más allá de la ocurrencia o no de delito, el comportamiento de nuestros representantes estuvo o no a la altura…”

Entiendo por otra parte, y lo he escrito mil veces que, la calidad ética de nuestros representantes es la medida real de la altura de nuestra democracia y nuestro apego republicano.

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