Dar en el clavo de la estafa inmobiliaria: individuo de 41 años a prisión por “estafa” y “apropiación indebida”

Por Pablo Fernández Acheriteguy

La Justicia y todo el sistema que representa, debe ser preservado y respetado, más allá de intereses sectoriales, particulares y en muchos casos hasta mezquinos. La Justicia es la justicia y punto; existe para ser acatada, aunque muchísimas veces deje un sabor agridulce en la boca de todos. La justicia debe ser acatada pero ello no quiere decir que no pueda ser cuestionada. Así como decir la mitad de la verdad, puede resultar una mentira, con la justicia se puede pensar que no es tan justa como debería. No es un caso, son muchos a lo largo de los años donde queda la sensación de que no se hizo todo lo posible por llegar a la verdad, sobre todo si se trata de temas penales. Si el sistema judicial no profundiza puede caer en el error de “cerrar un caso” al encontrar un responsable e indirectamente dejar librados a otros sujetos que puedan tener igual o más responsabilidad que la persona imputada.  Este sabor amargo no debe ser óbice para descreer de la Justicia, simplemente debe ser el motivador de un reclamo por “más justicia”, sobre todo en esto tiempos de nuevo código con novedosas potestades al Ministerio Fiscal, para investigar y profundizar en cada caso.

En estas horas se conoció la resolución judicial sobre la “formalización” ( nuevo nombre para el antiguo “procesamiento”, que solamente indica el inicio de un proceso donde se presume delito) de un individuo de 41 años de edad que era empleado de una inmobiliaria de San José. Se le imputa la autoría de delitos de “estafa” y “apropiación indebida”. Dos años de pena que se cumplen con seis meses de prisión efectiva y los 18 meses restantes con “libertad vigilada”.

Desde la tarde del martes este individuo de 41 años está alojado en la ex Cárcel Central de Montevideo, allí será evaluado por la posibilidad de ser trasladado definitivamente a la cárcel de Juan Soler, o quizá cumplir su prisión en esa sede policial montevideana de calles San José y Yí.

Más allá de esta resolución de la Justicia, este caso tiene ribetes curiosos, que desde hace largo tiempo vienen rodando con solidez en la ciudad y que incluso tuvieron fuertes confirmaciones antes de que se sustanciara en el ambiente jurídico.

En el mes de abril, aquí en Visión Ciudadana, se dio cuenta del caso públicamente. Ningún medio había mencionado absolutamente nada vinculado a este caso. En realidad fue curioso que aquellos medios muy concentrados en temas policiales o judiciales, no hubieran dado cuenta antes de aquel caso que era vox populi desde hacía varios meses. Era raro que varios de los medios – periodistas y comunicadores muy atentos a este tipo de casos – no hubieran consignado en sus espacios este escándalo que se comentaba en todos lados. Es como si los medios hubiesen estado caprichosamente distraídos. Nadie quería hablar o escribir sobre el tema. Raro, pues datos confiables sobraban en la opinión pública. Fue en esta columna donde por primera vez se hacía mención al caso. El título de aquella nota publicada el 6 de abril fue “Individuo ‘desaparecido’ se entregaría en horas: Investigación por ‘estafa’ involucraría a agentes inmobiliarios de San José de Mayo”. Casi cinco meses transcurrieron de aquella nota inicial, pero curiosamente a partir de allí otros medios comenzaron a trabajar sobre el tema… bienvenido el interés periodístico. Lo curioso es que desde un notorio desinterés inicial, tras esta primaria resolución de procesamiento, se pasó a una acentuada preocupación, que los llevó a consultar directamente al Fiscal y al Juez del caso. También es llamativo la presurosa definición de que este es un “caso cerrado”, cuando en realidad la investigación recién comienza. Un procesado y chau pinela. Ni siquiera en sonados casos de brutales  homicidios, se ha maneja la noticia de “caso cerrado”. Pareciera que existiese una clara intención de “olvidar” el caso. Curioso, tanto periodística como judicialmente. Todo indica que este caso, está muy lejos de cerrarse definitivamente. Será interesante ver como evoluciona la investigación en el sistema judicial departamental de este caso que involucra “estafas”  usando la fachada de “negocios inmobiliarios” a través de una empresa establecida y muy conocida en el departamento.

En estos meses Visión Ciudadana ha accedido a información muy sensible, que potencia la natural curiosidad periodística y refuerza la lógica preocupación por la profundización del trabajo del sistema judicial por deshilvanar toda la verdad en este caso. Hay muchos aspectos que resultan curiosos.

Por ejemplo, desde un inicio se supo que había muchas denuncias policiales sobre este caso. Las fuentes oportunamente consultadas indicaron que rondarían el medio centenar de denuncias que implicaban directamente a la empresa de “bienes raíces”, particularmente al empleado de la firma y a su propietario. Sin embargo las versiones periodísticas posteriores manejaban una cantidad de denuncias sensiblemente menor a la original. En Visión Ciudadana se logró contactar a afectados que ni siquiera habían llegado a denunciar, pero quería que el caso se conociera públicamente. También fue curioso saber que en el ambiente policial se confirmó un cruce de acusaciones – entre propietario y empleado – por la responsabilidad en la maniobra que después no habría tenido reflejo en las sucesivas instancias legales. Pero hay una pregunta clave en este caso que todavía no ha tenido reflejo público: ¿qué dice el expediente sobre todo este caso?. En estas horas algunos medios divulgaron que el individuo imputado habría confesado la maniobra de estafa. Otra pregunta: ¿Confesó que actuó solo en estas estafas o compartió responsabilidades?. También trascendió que en el ambiente judicial, la “primera denuncia” fue radicada por el empresario inmobiliario implicado. ¿cuándo se radicó esa denuncia contra el empleado?. La información divulgada indica que la denuncia del propietario de la empresa, fue “la primera que llegó a la Fiscalía”, pero ¿fue la primera que llegó a la policía?. La misma información señala que posteriormente llegaron las otras denuncias que sustanciaron el proceso. ¿cuándo llegaron?, ¿cómo llegaron?, ¿qué motivó esas “nuevas” denuncias?. Otro detalle curioso es que mientras la policía y hasta personas vinculadas a esta maniobra hablan de una cifra cercana a los 500.000 dólares – mínimo – en la indagatoria y resolución  judicial se maneja 100.000 dólares. ¿Faltan denunciantes y afectados?. También hay otro aspecto que es notorio por su ausencia, desde actores del sistema judicial se ha dicho que la resolución se refiere a ventas y alquileres cuyo dinero jamás llegó a sus beneficiarios o simplemente despareció. ¿qué pasó por la maniobra de inversiones para desarrollo inmobiliario que desencadenó este caso?. En fin, todo indica que la investigación judicial por este caso, recién está en la superficie del problema. Hay cabos sueltos que alimentan la curiosidad. Es como si todos nos quedáramos con la espina. Hay diversos aspectos que dejan esa espina, o más bien dejan un clavo. 

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