Desarchívese: Diversos elementos evidencian privilegios de empresa Bacigalupe ante la Intendencia de Falero

Por Pablo Fernández Acheriteguy

El Fiscal Alfredo Ruiz resolvió archivar el caso que implicaba directamente al diputado nacionalista Ruben Bacigalupe y al Intendente José Luis Falero, también nacionalista. Ambos principales referentes del sector Lista 404. Aunque el Intendente Falero no aparece mencionado, es notorio que desde el inicio de este escándalo, la vinculación directa del jefe comunal no estaba en duda. Inclusive, el propio Falero ha tenido variadas expresiones públicas sobre este caso que empezó a explotar en el año 2016 con un Pedido de Informes del edil frenteamplista Pablo García. Hace más de dos años la Junta formó una Comisión Investigadora y denunció el caso en la Fiscalía. La denuncia se radicó en mayo de 2019 y seis meses después, con una muy débil indagatoria, se decidió el archivo al no encontrar méritos según escribió el Fiscal Ruiz en su resolución.

Lo concreto que hay sobrados elementos oficiales que dan cuenta de una trato preferencial desde la Administración Falero hacia la empresa fúnebre del diputado Bacigalupe.  

Básicamente hay dos vertientes a investigar: por un lado los servicios que la Intendencia encargaba a Baciglaupe para que diera cobertura a personas pobres, carenciadas o indigentes; y por otra parte la “Tasa de Cementerios” que Bacigalupe cobraba a las familias dolientes y en vez de volcarlo a la Intendencia, se los quedaba acumulando una deuda que alcanzó los 2.700.000 pesos.

Respecto a los servicios a indigentes,  el Fiscal fundamenta que no hay vínculo empresarial entre Bacigalupe y Colacho, lo que constituye un muy grueso error. El Fiscal señala en su resolución que la empresa Bacigalupe no realiza estos servicios a indigentes y que “ni lo realizó a través de terceros”, deslindando específicamente a la empresa de “Marcio Colacho” que es  sobrino del diputado. Esto es un serio error ya que en las actas de la Comisión Investigadora, queda absolutamente claro,que existió una triangulación entre Bacigalupe, Colacho y la Intendencia. Bacigalupe por no estar al día con BPS y DGI no podía facturar a la Intendencia, por eso se acordó permitir que la empresa Colacho hiciera los servicios y los cobrara a la Intendencia. Según declaraciones de Gerardo Gadea, Jefe de Hacienda de la Intendencia, la empresa Colacho hacía estos servicios a cuenta de la empresa Bacigalupe. Gadea detalló ante los ediles según consta en actas que se llamaba a la Empresa Bacigalupe para contratar el servicio, pero quien concurría a brindarlo era Colacho. En los registros aportados por la Intendencia a la Comición Investigadora, está claro que la administración Falero pagó  a la empresa Colacho. Pero agravar aún más esta irregular situación, el contador Gadea dijo que sin firmar ningún acuerdo, de manera verbal y a propuesta de la Intendencia, se planteó que Colacho hiciera los servicios a indigentes, que  se registrara el pago, pero que en realidad ese dinero la propia Intendencia, sin efectivizarlo, lo cargara a la deuda de la empresa Bacigalupe.

La falta de consideración en el trabajo fiscal, el diputado Bacigalupe ni siquiera fue citado a declarar. Pero además se haberse indagado en detalles, se habría contado con testimonios y documentación  que probaría que la empresa de Colacho ni siquiera contaba con la habilitación de la Intendencia para poder brindar el servicio a indigentes por el que le pagaba. En 2016 apareció un Expediente tramitando la habilitación de una empresa llamada “Los Robles” cuyo titular era Marcio Colacho. El expediente fue rechazado ya que se detectó por parte del entonces director de Gestión Ambiental Yarwin Silvera que se trataba de una fachada de la empresa de Bacigalupe. Según pudo saber Visión Ciudadana, hasta octubre de 2018, la empresa “Los Robles” seguía sin habilitación en la Intendencia.

Respecto al incumplimiento durante años d e la Empresa Baciglaupe en volcar a la Intendencia los dineros cobrados a familias dolientes por concepto de “Tasa de Cementerios”, también hay muchísimo material documental y testimonial. Llama la atención que en la resolución fiscal nos e menciona un aspecto medular: ¿Son las empresas fúnebres agentes de retención del dinero que pagan las familias dolientes por Tasa de Cementerios?. Si la respuesta fuera afirmativa, ya no se estaría frente al simple impago de un tributo municipal, sino ante “apropiación indebida”, lo que cambiaría radicalmente el enfoque  de esta irregularidad y las consecuencias penales  sobre los implicados. Pero en las constataciones logradas de los datos y cifras oficiales de los sucesivos convenios que debió firmar la empresa Bacigalupe, claramente se denota un alto grado de beneficio, favoritismo y privilegio hacia la funeraria Bacigalupe, en desmedro de las restantes empresas que pudieran encontrarse en situación similar de incumplimiento y deuda.

Ya en los convenios de regularización de deuda firmados en 2014, la Empresa Bacigalupe pagó en 36 cuotas iguales y consecutivas ( de $14.852 cada una) a diferencia de las otras dos empresa que debieron suscribir convenios que tuvieron que hacer una entrega inicial de $100.000. En el 2016 la empresa del diputado blanco es la única que suscribe convenio por un nuevo incumplimiento de pago. La Intendencia no la suspendió del servicio a pesar de haberse atrasado en el convenio firmado en 2014. La soledad de la funeraria Bacigalupe en firmar ese nuevo convenio trajo algunos llamativos cambios en la redacción del documento y en las condiciones de pago. Por ejemplo se le otorgaron otra vez  37 cuotas para pagar. La primera, fue un “entrega inicial” de 50.000 y después se establecieron 36 cuotas más, que se dividían en cuatro montos diferentes. Las primeras 12 cuotas fueron de $23.158, las siguientes 12 cuotas de $33.083, hubo un tercer grupo que marcaba otras 11 cuotas de $43.008 y una solitario cuota final cuyo monto era la friolera de $399.876.  Muy curioso que la última cuota tuviera un monto que representaba casi la tercera parte del total adeudado. Aún así Baciglaupe volvió a incumplir, ni siquiera llegó a completar las doce cuotas más baratas. En 2017, tras explotar ´públicamente el escándalo por su contumaz incumplimiento firmó un nuevo convenio. Pero además de los sucesivos incumplimientos y las condiciones que logró cada vez, también hay detalles en el texto que le resultaron muy beneficiosas. Es curioso que los cambios en el texto del convenio se produjeran en 2016, justamente , cuando solo la empresa del diputado firmó convenio para regularizar su atraso.

Originalmente el convenio 2014 ponía como condición que el deudor bebía pagar cada cuota antes el vencimiento pues si no caducaría el acuerdo, se le cobraría la totalidad de la deuda, se suspendería su habilitación para trabajar y hasta se iniciarían las acciones legales correspondientes. En el 2014 el convenio decía que esta situación se activaría con “el atraso de cualquiera de las cuotas”, sin embargo en 2016 ese segmento cambió drásticamente, permitiendo el “atraso en  más de dos cuotas”. Por si ese beneficio fuera poco, hubo otro cambio sustancial en las condiciones del convenio. En 2014 el texto decía la “Tasa de Cementerio” debería ser pagada a la Intendencia “semanalmente”. La obligatoriedad de liquidar la Tasa de Cementerio cada semanal desapreció y en su lugar solo quedó la palabra “puntualmente”, pero sin especificar plazos. Así podría ser “puntualmente” todas las semanas, o todos los meses, todos los años, o todos los siglos. Una imprecisión muy beneficiosa para cualquier deudor.

Hay muchos más aspectos que contradicen la resolución fiscal de archivar el caso. Aquí solo se enumeran algunos de los elementos obtenidos de actas y documentos oficiales que recopiló la Comisión Investigadora y que dieron lugar a la denuncia penal de irregularidades. Sería bueno que la Justicia actúe, sin importar sobre quienes caigan las responsabilidades. Lo único que está claro, es que en esta instancia inicial lo que no puede ocurrir es que se archive sin investigar, profundizar y clarificar.  Desarchívese. 

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