JUTEP: “Se entiende entonces, que tanto el Sr. Nelson Petre, como el Sr. Alexis Bonnahón son responsables por haber vulnerado los principios (…) de interés público, transparencia y publicidad, probidad, lealtad y buena fe, legalidad y buena administración financiera”

Carátula JUTEP

Por Bruno Danzov

Era inevitable que el resultado de la instancia judicial de lo que se ha conocido como el caso “Petre/Bonnahón”, generara repercusiones políticas diversas. Tras conocerse el fallo en segunda instancia, en la que la justicia no encontró los elementos necesarios para respaldar el pedido fiscal de procesamiento sin prisión por “abuso de funciones”, para los ex jerarcas de la Junta Departamental, la consecución de declaraciones en el ámbito político fueron varias, y con varios formatos. En entrevistas o notas para informativos, conferencias de prensa, o ruedas improvisadas con los medios de comunicación que han seguido el caso. En la misma medida, y lo advertíamos hace ya algunos días, la finalización del proceso judicial, que fue recibido lógicamente con “mucha alegría” al decir del Intendente José Luis Falero, se abría la puerta para poder acceder a buena parte de la información, que permanecía “oculta” hasta tanto el procedimiento judicial no finalizara. Uno de estos elementos, que en su momento fue central, fue el informe que el propio Juzgado Letrado de San José, de Primer Turno, solicitara a la Junta de Transparencia y Ética Pública, con fecha 19 de diciembre de 2017. En los últimos días, pudimos acceder a este documento de 19 páginas, que en materia informativa, parece central para analizar el tema. En varias oportunidades, en los últimos cuatro años, hemos señalado que este caso, tenía sin dudas, múltiples aristas y que cada una de estas debía ser analizada. Obviamente la mirada jurídica, por cuanto el tema había sido enviado “por la unanimidad de los ediles de la pasada legislatura” a la justicia. Una mirada política, ya que las irregularidades se constataron en un ámbito público, pero integrado particularmente por actores políticos, sean estos ediles, o los cargos de particular confianza política del Intendente como el caso del Secretario General.; y también un aspecto que en los últimos años se ha transformado en central para el sistema político, y sobre todo para la “mirada de la ciudadanía”, el aspecto y el comportamiento ético de cada uno de los involucrados.

Sobre el resultado de la instancia judicial, no hay nada para agregar. La justicia actuó conforme el proceso establecido (CPP anterior) y saldó conforme lo señalado. No hay elementos suficientes para tipificar el delito de abuso de funciones”.

Sobre el aspecto político de este proceso, cada uno de los actores, principales o secundarios de toda esta cuestión, han dicho públicamente “buena parte de lo que pretendieron decir”, y las acusaciones han reiteradas y encontradas  en cuanto a la responsabilidad del proceso. Han generado “importantes tiranteces en la interna del Partido y el Sector de Gobierno Departamental. Esto no sólo hace más de cuatro años, sino también en los últimos días, léase (Petre/Bacigalupe/Ferrero/Falero). Claramente, todos ellos, actores políticos del oficialista “Sumate”, por tanto, una crisis en la interna del partido y del sector que nos gobierno, es una crisis de Gobierno. Por más referencias, ver el nivel de complejidad que el caso “Sendic” causó en el Frente Amplio y el Gobierno Nacional.

Pero, y es aquí en donde pretendo detenerme, hay un elemento que es determinante en esta situación, y es el aspecto ético, las cuestiones del comportamiento de las personas que desarrollan responsabilidades públicas. Públicas desde la utilización de recursos que son de la ciudadanía y públicas también en función de una “decisión voluntaria” de conformar cuadros políticos, proponerse como representantes (en cualquiera de sus formas) y asumir responsabilidades. Nada les obliga, es voluntario, y con las responsabilidades, vienen los derechos y las obligaciones.

Informe JUTEP, Petre/Bonnahón

De las 19 páginas, de las que se compone el documento, que es firmado por el Asesor Letrado de la JUTEP, Dr.Wilser Briozzo las últimas tres son dedicadas a las conclusiones, y ciertamente, más adelante transcribiremos algunas de estas, pero parece también trascendente, en función de la trascendencia que ha tenido, y sigue teniendo el tema, entre otros elementos por las declaraciones públicas de buena parte de los actores políticos vinculados, y muchos otros que seguramente se referirán a este asunto, compartir algunos de los elementos del informe, que recoge buena parte del informe de la auditoría del Tribunal de Cuentas de la República, y elementos de las declaraciones de varios actores políticos en la propia sede judicial.

Capítulo IV Análisis de la situación fáctica de autos

Numeral  24. Surge testimonio del ex Presidente Petre, que señala: “la contabilidad la estaba llevando el Sec. Gral. Que no es contador y manejaba toda la Administración…”; “en más de una oportunidad le dije al Sec.Gral. que tuviera más orden, él era el custodio de los valores, y tiene la responsabilidad de manejar los valores…”; “…yo deposité toda mi confianza en el Secretario General (…) yo en ese momento no tenía un control estricto, me llegaban para hacer pagos los cheques y después venía la factura, pero yo no sabía a qué correspondía los importes…”

Numeral 30. Según el informe de la JUTEP, y utilizando declaraciones del Ex Secretario General de la Junta Alexis Bonnhaón, quien explicó ante la sede los procedimientos habituales, señalando entre otras cosas que “…también le dije al Intendente que la Junta estaba gastando mucho y como se gastaba en exceso según me parecía, eso para que el Intendente hablara con sus ediles…”

Entre los numerales 36 al 39 se analizan la situación de diferentes proveedores, algunos de los cuales señalaron la participación de personas no vinculadas a la Junta Departamental en el cobro de cheques para “cobrar trabajos realizados”, pero con algunas claras irregularidades en la confección de los documentos correspondientes, por ejemplo, la no inclusión de la fecha, o conceptos de compras que no fueron escritos por los propios proveedores de la Junta.

Capítulo VI Conclusiones

“1) De acuerdo de lo que viene de reseñarse existieron varios y graves apartamientos d la normativa vigente en, materia de administración financiera, en referencia al manejo de los fondos presupuestales de la Junta d San José en el período diciembre 2012-julio 2014 y la violación de distintos principios de conducta a los que se encuentran sometidos los funcionarios públicos.

2) Como ha quedado debidamente acreditado en autos, el manejo de los fondos presupuestales se realizó sin la debida diligencia y no se aplicaron los controles legalmente previstos, originándose la existencia de falencias documentales y de registro que hacen presumir la existencia de conductas anti jurídicas.

7) Surge acreditado entonces que se han verificado serios apartamientos administrativos para el manejo de los fondos, a saber: “irregularidades en gastos de combustible, irregularidades en rendiciones de cuenta de viáticos, compras registradas con remitos, existencia de boletas sin fecha de emisión, falta registro de beneficiarios de almuerzos y cenas y el otorgamiento de donaciones sin norma habilitante que lo permitiera. La responsabilidad en el manejo de esta documentación corresponde a quien fuera ordenador de gasto, Sr. Nelson Petre y la persona responsable de efectivizar los gastos y reunir la documentación correspondiente el Sr. Alexis Bonnahón como ordenador de pagos.

8) Se entiende entonces, que tanto el Sr. Nelson Petre, como el Sr. Alexis Bonnahón son responsables por haber vulnerado los principios establecidos en la Ley 17.060 y decreto 30/003 de interés público, transparencia y publicidad, probidad, lealtad y buena fe, legalidad y buena administración financiera”.

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