La Junta remitió a la Justicia y a la Jutep actuaciones de la investigadora por caso de empresa Bacigalupe.

Más allá de algunas sorpresas que se dieron en el contenido del debate, que demandó cerca de tres horas, en la sesión extraordinaria de la noche de ayer, en donde se ponían a consideración los dos informes surgidos de la Comisión Investigadora creada en octubre de 2017, para analizar, conforme la propia definición de los cinco ediles integrantes: “Analizar si la Intendencia de San José, actuó con desviación, omisión de control, abuso o exceso de poder en su relación con las empresas fúnebres que operan en el departamento”; casi nada ocurrió por fuera de lo que se esperaba.

Sucesión de cuartos intermedios, una moción de la lista 50 de remitir toda a fiscalía, incluso antes que se leyeran los informes, que el cuerpo acompañó, y después tuvo que desandar sus pasos. Algunos cuestionamientos a aspectos contenidos en los documentos presentados, en mayoría por el Frente Amplio y Alianza por San José, con la firma de las edilas Ana Gabriela Fernández (FA), Susana Gásperi (Alianza) y del edil Pablo García (FA). Algún mínimo intento de otorgar “intencionalidad política”, sobre todo a la demora en la tarea de la comisión, por parte del edil Guerra. Incluso, sorprendió una información surgida por un pedido de informes realizado por ediles de la lista 50, es decir del sector del Diputado, en donde se referenciaba una empresa, que nunca había sido nombrada por las autoridades de la Intendencia en sus comparecencia a la propia comisión investigadora.

Los matices conocidos, que en definitiva motivan la realización de dos informes, sobre si la Intendencia había tenido un trato diferencial para con la empresa del Diputado Bacigalupe. Claramente, los representantes del “Sutame”, Manuel Larrea y Juan Martín Álvarez, pretendieron demostrar que la ISJ, “ha tenido el mismo trato” con otras empresas en idénticas situaciones que la del Diputado. Y por parte de los firmantes del informe en mayoría, explicando, cuál es el basamento para interpretar que sí existió. Ciertamente que, desde estas páginas, iremos también desandando las más de tres páginas que surge de la comisión investigadora, y procurando esclarecer algunos elementos, que no son del todo fáciles de comprender. También vendrán columnas de opinión sobre buena parte de lo expresado ayer por parte de los ediles, que ameritan a nuestro juicio ser analizadas. Fueron más de 100 horas efectivas de trabajo por parte de los cinco integrantes de la investigadora, que en algunos casos debieron denunciar, durante el proceso y también anoche en sala, que la información llegaba demorada, parcial, desactualizada, y en algunos casos, nunca se recibió respuesta. Algunas contradicciones de representantes del ejecutivo, en sus declaraciones, que generan mayor confusión, y que por ende, no podrían tener otro destino, más que el análisis específico de fiscalía y también de la JUTEP.

Fueron 29 los ediles que permanecieron en sala hasta pasada la medianoche, 17 de los cuales, aprobaron el informe en mayoría, que establece en sus conclusiones: “Declarar que existió un trato preferencial respecto de la empresa llamada “Sucesores de Nancy Aunés”, “San José”, “Bacigalupe”, “Empresa de la Familia Bacigalupe”, “Empresa San José Bacigalupe”, por cuanto: a) Se constata que la empresa de la familia Bacigalupe, firma una mayor cantidad de convenios que la empresa Etchemendy, asó como cada vez por montos mayores, lo que no sucede con la empresa Etchemendy, que el segundo convenio es por un monto menor que el primero. b) Se evidencia la prevalencia del Interés privado sobre el público, y la posible influencia que pudo tener el Sr. Ruben Bacigalupe en su calidad de Director de la Intendencia, sobre quienes debían otorgar l convenio con fecha 18 de setiembre de 2014. c) se permitió que otras empresas actuaran como subsidiarias de la empresa de la familia Bacigalupe considerándolas un mismo grupo económico.

Los 11 ediles del Frente Amplio, los cinco de Alianza por San José, y el edil Chávez, integrante del grupo que lideran Héctor Silvera y Alejandro Dianesi, acompañaron este informe, mientras que 12 ediles del oficialismo, apoyaron el que consideraba que “no existía trato diferencial”.

Claramente existió, y lo publicamos el 3 de octubre de 2017, (que en definitiva es generadora de esta investigadora), una omisión de la Intendencia en hacer cumplir un convenio y los diferentes elementos que establecía el propio documento. Aun así, (y deberemos analizar las actas, los documentos y la información oficial que remitiera la intendencia), que a partir de la resolución de ayer son “de acceso libre y público”; los elementos constatados por la comisión investigadora, revisten una mayor gravedad, que será analizada y determinada, desde el punto de vista, legal, pero también, y no es menor, desde el punto de vista ético.

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