Mal archivado: Administración Falero otorgó privilegios por deuda de diputado Bacigalupe

Por Pablo Fernández Acheriteguy

Normalmente, en cualquier temática, al escribir una nota, máximo termino con dos versiones. En este caso llegué a seis versiones, pero no fue por una cuestión de conceptos y argumentos, sino de espacio.

Una pagina de la versión papel de Visión Ciudadana podría incluir hasta 6.000 caracteres, sin foto, con un título de una línea y sin espacios publicitarios. Es normal que con 3.000 caracteres ya esté bien diagramada con una linda foto que permita descansar la lectura y con suficiente espacio ( aire) que permita una lectura amigable.

Al conocer el documento fiscal de resolución para archivar el caso de la empresa fúnebre de Bacigalupe y sus consecuentes privilegios por parte de la Intendencia, la primera versión de la nota tenía casi 30.000 caracteres sin incluir fotografías de documentos, tablas con cifras o al menos una fotografía ilustrativa. Imposible de ser publicado en la versión papel de Visión Ciudadana.

Con la simplificación del artículo, se logró reducir a la mitad esa enorme carga de material. Ya eran 10.000 caracteres, pero aún así era imposible incluirlo en un página de papel. Seguí recortando para una tercera versión y llegué a 6.000 caracteres. Tampoco entraba.

Pasé a una cuarta versión de la nota y rebajé a 4.000 caracteres, que aún resultaban muy superiores a la capacidad de una pagina en la versión papel de Visión Ciudadana. Para colmo, en ese punto detecté que me había olvidado de varios aspectos que complementarían la demostración de los privilegios que obtuvo la empresa del diputado por parte de la Intendencia. NO podía volver atrás, lo que solo obligaría a aumentar la extensión de la nota. Era inadmisible. Avancé hacia una versión más corta.

Fue en ese punto de desborde de material para mostrar la equivocación fiscal que decidí concentrarme en aspectos incontrastables en vez de volcar la abundante documentación que existe para demostrar que existió un claro ( y vergonzoso) privilegio de Bacigalupe solo permisible por la administración de su jefe político y correligionario Falero.

Desde ya y en forma destacada quiero dejar asentado que tanto en la versión web de Visión Ciudadana como en el programa Opinión Pública, podré ampliar, ahondar, abundar y profundizar en los diversos aspectos que develan la democráticamente angustiante relación que benefició al diputado Bacigalupe por acción directa y exclusiva de la Administración de José Luis Falero. En papel todo el material documental y de análisis, llevará varias semanas. Tengan paciencia.

Al analizar lo ocurrido, es decir el archivo del caso, solo puedo pensar que el Fiscal Alfredo Ruiz no contó con la amplia documentación que existe respecto a los beneficios de Bacigalupe n el tratamiento de su millonaria deuda con la Intendencia. No pretendo profundizar en este momento sobre la documentación que la Junta anexó a su denuncia por irregularidades, ni en los testimonios solicitados por el fiscal. Ahora solo me concentro en la resolución del fiscal,  los argumentos que allí vuelca, así como las faltas y errores que se detectan en su argumentación.

El próximo lunes 9 de diciembre, en el programa Opinión Pública ( que  se emite por la web www.visiónciudadana.com.uy, también se retransmite en las redes sociales y hasta en canales de televisión por abonados de Rodríguez y Ecilda Paullier) se presentará el amplio material documental que contradice la decisión de archivo de la Fiscalía y habilitaría la insistencia legal en investigar los desvíos en el manejo de la deuda entre Bacigalupe y Falero.

En la resolución de archivo  no se tomó en cuenta la más básica de las irregularidades: Bacigalupe siendo Director de Deportes de la administración Falero siguió vendiendo servicios a la Intendencia, extremo que está expresamente prohibido. Hace unos quince años atrás 18 ediles de la Junta departamental – de todos los partidos – fueron denunciados por vender servicios o productos a la Intendencia lo que violaba la constitución. Fue un escándalo, denunciado por el hoy asesor de Falero , Alexis Bonahon, un turbio personaje de la fauna política departamental que hoy es parte de la administración falerista.

Tampoco se logró clarificar si estamos ante un simple deudor que se aprovechó de su condición política de cercanía con el intendente o ante una “apropiación indebida” por quedarse con dinero que estrictamente se le cobra a cada familia doliente en la puerta del cementerio y que la empresa recaudadora no lo entregó a la Intendencia.

Basados en documentación pública, presentaremos un serie de cuestiones que directamente discrepan con el archivo de este causa. Sea penal, administrativa, o ética, hay situaciones que ameritan una profundización en la investigación de este caso. No se trata de una cuestión de privados que puede diluirse en tecnicismos, sino que se trata de un intendente y su diputado, que termina mostrando beneficios y privilegios públicos hacia el ambiente empresarial privado. Básicamente el meollo de este asunto es que Falero debió ser mucho más exigente con su diputado y el diputado debió empeñarse en ser ejemplo de cumplimiento. En medio de todo este embrollo, la Fiscalía debió ser muy cuidadosa en la investigación de este caso. Hasta Bacigalupe, principal imputado, admitió que la denuncia generó “Alarma Pública” una expresión muy conocida y utilizada en el ambiente jurídico.

El propio fiscal Ruiz debería pedir – a si mismo –   que el caso sea  desarchivado. Prefiero pensar que el fiscal fue engañado en su buena fe, porque  al leer su resolución se detectan gruesos errores que contradicen el material existente. Créanme que como periodista, no es sencillo opinar en contradicción a la resolución de cualquier actor que integre el sistema judicial, sea del Poder Judicial o sea del Ministerio Público ( como es el Fiscal). En este caso, hay sobrados elementos que permiten poner en cuestión la resolución de archivar este caso. En la profesión periodística no se debe tener en cuenta el poder del criticado sino la fuerza del argumento y la verdad. Podrá equivocarse un Dios, pero si hay argumentos para contradecirlo, no hay lugar al silencio y la obsecuencia.

En el archivo del caso Baciglaupe, el Fiscal Alfredo Ruiz se equivocó. Muy probablemente esa equivocación radica en que no contó con toda la información documentada y oficial que debió tener en su escritorio. 

En sucesivas ediciones iremos presentando y analizando el proficuo material existente sobre este caso de privilegios, solo sustentados por una relación de amiguismo político.  Ya iremos conociendo todo el material documental que existe.  Comencemos con las dos hojas de la resolución fiscal para archivar el caso.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *